¿Qué hacen los países con las personas detenidas por terrorismo?
Un análisis comparativo de China, Israel, Estados Unidos, Arabia Saudí, Gran Bretaña y España, tomando como referencia el reportaje de National Geographic publicado el 25 de abril de 2013.
Introducción: la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos
La lucha contra el terrorismo plantea uno de los mayores desafíos para los Estados democráticos y para los regímenes autoritarios: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas detenidas?
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, numerosos países endurecieron sus legislaciones antiterroristas. Se ampliaron los periodos de detención, se reforzaron las competencias policiales y de los servicios de inteligencia y, en algunos casos, se establecieron procedimientos judiciales especiales.
El reportaje How the World Treats Terrorist Suspects, publicado por National Geographic el 25 de abril de 2013, examinaba precisamente estas diferencias. Su punto de partida era el caso de Dzhokhar Tsarnaev, detenido por los atentados del maratón de Boston, y la decisión estadounidense de juzgarlo ante la justicia ordinaria, en lugar de considerarlo combatiente enemigo.
A partir de aquel trabajo, podemos comparar seis modelos nacionales y analizar una cuestión fundamental: ¿se trata a una persona detenida por sospechas de terrorismo como a cualquier otro acusado o se le aplican restricciones especiales por motivos de seguridad nacional?
1. China: detenciones prolongadas y escasas garantías
China representa uno de los modelos más restrictivos en materia de detención por terrorismo.
Según el reportaje de National Geographic de 2013, las autoridades podían mantener a los sospechosos incomunicados durante periodos de entre cuatro y seis meses. La policía debía informar a los familiares y al abogado de que se había producido la detención en un plazo de 24 horas, pero no tenía obligación de revelar dónde se encontraba el detenido ni los motivos concretos de su arresto.
Este sistema dificultaba enormemente el control judicial y la defensa de los sospechosos.
En la práctica, las organizaciones de derechos humanos han denunciado que las medidas antiterroristas chinas han servido también para perseguir a determinados grupos étnicos y religiosos, especialmente en Xinjiang.
La característica principal del modelo chino: la prioridad de la seguridad del Estado frente a las garantías individuales del detenido.
2. Israel: detención por razones de seguridad nacional
Israel cuenta con una legislación específica que permite detener a personas consideradas combatientes ilegales.
La Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales, aprobada en 2002, permite detener a personas que participen directa o indirectamente en actividades hostiles contra Israel o que pertenezcan a organizaciones implicadas en dichas actividades.
Según el análisis de 2013:
La detención podía prolongarse sin necesidad de presentar una acusación penal mientras continuasen las hostilidades.
El detenido podía permanecer hasta 14 días sin revisión judicial de su condición de combatiente ilegal.
Se podía impedir el acceso a un abogado durante un máximo de 21 días.
La continuidad de la detención debía ser revisada judicialmente cada seis meses, aunque podía prolongarse indefinidamente.
El reportaje también señalaba diferencias entre ciudadanos israelíes y palestinos residentes en Cisjordania y Gaza, que podían permanecer detenidos durante varios días sin autorización judicial.
El sistema israelí se fundamenta en la consideración de que determinadas personas constituyen una amenaza para la seguridad nacional incluso cuando todavía no se ha demostrado su culpabilidad en un juicio.
La característica principal del modelo israelí: la utilización de la detención administrativa y de la figura del combatiente ilegal como instrumentos de seguridad.
3. Estados Unidos: justicia ordinaria y detención militar
Estados Unidos presenta un modelo complejo, porque combina dos vías distintas para tratar a los sospechosos de terrorismo.
A. La vía judicial ordinaria
El caso de Dzhokhar Tsarnaev, responsable de los atentados del maratón de Boston en abril de 2013, es el ejemplo utilizado por National Geographic.
La Administración estadounidense decidió que fuera juzgado como un ciudadano acusado de delitos graves ante un tribunal federal ordinario.
Fue informado de los cargos, recibió asistencia letrada y se le comunicaron sus derechos.
B. La vía militar y Guantánamo
Estados Unidos también ha utilizado la figura del combatiente enemigo para mantener detenidas a personas consideradas amenazas para su seguridad nacional.
La base naval de Guantánamo, en Cuba, se convirtió en el símbolo internacional de esta política.
En el momento del reportaje, en 2012 había 169 personas detenidas en Guantánamo y solamente seis habían sido formalmente acusadas, según los datos citados por National Geographic.
Algunos llevaban más de diez años privados de libertad.
La diferencia fundamental es que, mientras los acusados ante tribunales civiles cuentan con las garantías del procedimiento penal ordinario, los detenidos bajo el sistema militar pueden quedar sometidos a procedimientos especiales y periodos de detención extraordinariamente prolongados.
La característica principal del modelo estadounidense: la coexistencia de un sistema judicial ordinario con mecanismos excepcionales de detención y enjuiciamiento militar.
4. Arabia Saudí: detención, tribunales especiales y rehabilitación ideológica
Arabia Saudí dispone de un sistema específico para investigar y juzgar delitos relacionados con el terrorismo.
Según National Geographic, el Ministerio del Interior podía mantener a un sospechoso detenido hasta 120 días sin presentar cargos y sin permitirle acceder a un abogado. Un juez podía renovar posteriormente la detención sin un límite temporal definido.
Los sospechosos que llegaban a juicio eran procesados ante el Tribunal Penal Especializado, creado en 2008.
El reportaje destacaba varias particularidades:
Los juicios podían celebrarse a puerta cerrada.
Los acusados no siempre podían contar con asistencia letrada durante las actuaciones judiciales.
Podían presentarse testimonios y pruebas sin que el acusado o su abogado estuvieran presentes.
Las decisiones judiciales estaban sujetas a mecanismos de aprobación ejecutiva.
Otro aspecto especialmente relevante era la existencia de programas de rehabilitación.
Las autoridades podían ordenar que los detenidos, incluso sin haber sido condenados, participaran en centros destinados a modificar sus ideas y reforzar su vinculación con el Estado y sus instituciones.
No se trataba únicamente de castigar o investigar, sino también de intervenir sobre las convicciones ideológicas de los sospechosos.
La característica principal del modelo saudí: la combinación de detención preventiva, tribunales especializados y programas estatales de rehabilitación ideológica.
5. Gran Bretaña: detención policial prolongada bajo autorización judicial
Gran Bretaña adoptó medidas especiales contra el terrorismo mediante la Terrorism Act de 2006.
En el momento del reportaje, la legislación permitía detener a un sospechoso hasta 14 días sin presentar cargos.
El procedimiento funcionaba de la siguiente manera:
La policía podía detener inicialmente al sospechoso durante 48 horas.
Para prolongar la detención necesitaba autorización judicial.
La prolongación se aprobaba en periodos de siete días.
El máximo permitido era de 14 días.
Además, durante las primeras 48 horas la policía podía restringir el acceso del detenido a un abogado si consideraba que su presencia podía perjudicar la investigación o alertar a otros sospechosos.
Este sistema pretendía facilitar las investigaciones de organizaciones terroristas complejas, especialmente cuando existía riesgo de destrucción de pruebas, coordinación entre miembros de una organización o preparación de nuevos atentados.
A diferencia de otros modelos, la prolongación de la detención estaba sometida a controles judiciales periódicos.
La característica principal del modelo británico: ampliar las facultades policiales de investigación manteniendo un mecanismo de supervisión judicial.
6. España: investigación policial, Audiencia Nacional y régimen de incomunicación
España tiene una experiencia histórica especialmente importante en la lucha contra el terrorismo, fundamentalmente por la actividad de ETA y, posteriormente, por la amenaza del terrorismo yihadista.
Su modelo se basa en la investigación policial y judicial, con una especialización de los órganos encargados de perseguir los delitos de terrorismo.
La Policía Nacional y la Guardia Civil desempeñan un papel fundamental en las investigaciones, mientras que la Audiencia Nacional conoce de los principales procedimientos judiciales relacionados con organizaciones terroristas.
En el marco legal existente en 2013, una persona detenida por sospechas de terrorismo podía permanecer bajo custodia policial durante un máximo ordinario de 72 horas. En determinados supuestos, el plazo podía ampliarse otras 48 horas con autorización judicial motivada.
Una de las particularidades del sistema español era la posibilidad de aplicar la denominada detención incomunicada.
Esta medida permitía restringir temporalmente determinadas comunicaciones del detenido, incluido el contacto privado con su abogado, bajo las condiciones previstas legalmente y con intervención judicial.
La incomunicación podía prolongarse hasta cinco días y, en determinados procedimientos por terrorismo o delincuencia organizada, podía autorizarse una prórroga adicional de otros cinco días.
El objetivo declarado era impedir que los sospechosos pudieran comunicarse con otros integrantes de una organización, destruir pruebas o coordinar actuaciones desde la detención.
Sin embargo, este régimen ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, especialmente por los riesgos que plantea para la prevención de malos tratos y para el derecho de defensa.
La característica principal del modelo español: combinar la investigación policial especializada y el control judicial con medidas excepcionales de incomunicación.
Comparación de los seis países
País | Medida más característica en el reportaje |
|---|---|
China | Incomunicación durante cuatro a seis meses |
Israel | Detención administrativa potencialmente indefinida |
Estados Unidos | Detención militar y sistema de Guantánamo |
Arabia Saudí | Detención preventiva y rehabilitación ideológica |
Gran Bretaña | Hasta 14 días sin cargos, con autorización judicial |
España | Hasta 72 horas, ampliables 48 horas, e incomunicación judicial |
Conclusión: ¿seguridad nacional o derechos fundamentales?
La comparación de estos seis países permite observar que la lucha contra el terrorismo ha provocado una transformación importante de los sistemas judiciales y policiales.
Aunque todos justifican sus medidas extraordinarias por la necesidad de proteger a la población, existen diferencias importantes en la manera de aplicarlas.
China y Arabia Saudí presentan modelos especialmente restrictivos, en los que las autoridades disponen de amplias facultades para mantener detenidos a los sospechosos y limitar sus posibilidades de defensa.
Israel utiliza mecanismos de detención administrativa que permiten mantener a determinadas personas privadas de libertad sin una condena penal.
Estados Unidos combina el sistema judicial ordinario con procedimientos militares excepcionales, cuyo ejemplo más conocido es Guantánamo.
Gran Bretaña y España mantienen mecanismos de control judicial más definidos, aunque también contemplan restricciones extraordinarias de derechos durante las investigaciones antiterroristas.
La cuestión fundamental es que una persona detenida por sospechas de terrorismo no es necesariamente una persona culpable de terrorismo. La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el acceso a un abogado y el control judicial deben seguir siendo principios fundamentales.
La seguridad colectiva no debería convertirse en una justificación ilimitada para restringir las libertades individuales. Precisamente, uno de los mayores desafíos de los Estados de derecho consiste en combatir el terrorismo sin terminar utilizando métodos que contradigan los principios democráticos que pretenden defender.
Fuentes y referencias documentales
1. National Geographic (25 de abril de 2013). Michael Lokesson, How the World Treats Terrorist Suspects. Es el reportaje original que sirve de referencia para este trabajo. Consultar reportaje original.
2. Legislación española. Ley de Enjuiciamiento Criminal, especialmente los artículos 509 y 520 bis, relativos a la incomunicación y a la detención por delitos de terrorismo. Consultar legislación en el BOE.
3. Congreso de Estados Unidos. Informes sobre terrorismo internacional y políticas antiterroristas. Country Reports on Terrorism.
4. Departamento de Estado de Estados Unidos. Informe sobre España y las actuaciones antiterroristas de 2013. Country Reports on Terrorism: Spain.
5. Parlamento Europeo (2017). Estudio comparativo sobre legislación antiterrorista y derechos de las personas sospechosas de terrorismo en Europa. Consultar estudio.
Una precisión documental importante: el artículo original de National Geographic no comparaba exactamente los seis países de este trabajo. Sus seis países eran Israel, Rusia, Gran Bretaña, India, Arabia Saudí y China. Estados Unidos aparecía en la introducción, a través del caso de Boston, y España no formaba parte de aquella selección. Aquí he utilizado su enfoque y añadido Estados Unidos y España para ajustarlo a los países que has solicitado.
Nota: las cifras y los procedimientos descritos corresponden fundamentalmente al contexto jurídico de 2013, no deben interpretarse como una descripción completa de la legislación vigente en 2026.
Si el destino de este reportaje es una publicación, una revista o un trabajo académico, también puedo convertirlo en un reportaje periodístico más profundo, con tono de investigación, testimonios, casos reales, denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch y una comparación crítica de las prácticas de cada país.
Los dos casos son muy interesantes porque incorporan dos realidades diferentes al reportaje: la Federación Rusa y su política de seguridad frente al terrorismo y los movimientos insurgentes, y la India y su prolongado conflicto interno con los naxalitas o maoístas.
Conviene distinguir en ambos casos entre personas detenidas por terrorismo, miembros de organizaciones armadas insurgentes y personas acusadas de colaborar con ellas. No son necesariamente las mismas categorías jurídicas, aunque en la práctica pueden solaparse.
Añadiría dos capítulos al reportaje original, manteniendo el enfoque de National Geographic: qué facultades tiene el Estado, cuánto tiempo puede privar de libertad a un sospechoso, qué garantías judiciales existen y qué denuncias se han formulado sobre el trato a los detenidos.
7. Federación Rusa: la lucha antiterrorista en Chechenia y el Cáucaso Norte
El caso ruso es especialmente relevante por los conflictos armados que se han desarrollado en Chechenia, Daguestán y otras regiones del Cáucaso Norte.
Tras la desintegración de la Unión Soviética, Rusia afrontó dos guerras en Chechenia y una prolongada actividad insurgente de grupos armados islamistas. El Gobierno ruso justificó el refuerzo de sus servicios de seguridad, especialmente del Servicio Federal de Seguridad (FSB), por la necesidad de combatir el terrorismo y preservar la integridad territorial del país.
¿Qué podía hacer el Estado con los sospechosos?
El reportaje de National Geographic de 2013 destacaba una particularidad de la legislación rusa: los sospechosos de actividades terroristas podían permanecer detenidos hasta 30 días sin que se presentaran cargos, frente a los 10 días aplicables a otros delitos.
Pero la situación descrita en el Cáucaso Norte iba más allá de lo establecido formalmente por la legislación.
Entre las prácticas denunciadas figuraban:
Detenciones sin registro oficial.
Permanencia en dependencias policiales sin comunicación a familiares.
Dificultades para acceder a un abogado.
Interrogatorios bajo coacción y denuncias de torturas.
Desapariciones forzadas y detenciones en lugares no reconocidos oficialmente.
Amnistía Internacional publicó en marzo de 2013 un informe sobre las amenazas y presiones sufridas por los abogados que defendían a personas detenidas en el Cáucaso Norte.
La organización documentó denuncias de desapariciones, torturas, homicidios ilegítimos y falta de investigaciones eficaces sobre los abusos cometidos por agentes estatales.
Un elemento importante: las personas detenidas no siempre eran combatientes o miembros de organizaciones terroristas. También había civiles sospechosos de colaborar con los insurgentes o que simplemente vivían en zonas de conflicto.
La característica principal del modelo ruso: una legislación que contempla plazos especiales de detención antiterrorista y una aplicación especialmente problemática de las garantías judiciales en determinadas regiones del Cáucaso Norte.
8. India: los naxalitas y la lucha contra la insurgencia maoísta
El caso de la India merece un capítulo propio porque el conflicto con los naxalitas presenta características diferentes de las del terrorismo yihadista internacional.
Los naxalitas son grupos insurgentes de ideología maoísta que defienden una revolución armada contra el Estado indio. Su movimiento tiene su origen en la rebelión de Naxalbari, en Bengala Occidental, en 1967.
Con el paso de las décadas, la insurgencia se extendió por diferentes regiones rurales y selváticas, especialmente en los estados de Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha y Maharashtra.
Los grupos maoístas han llevado a cabo atentados, asesinatos de policías, ataques contra instalaciones públicas, secuestros y acciones armadas contra las fuerzas de seguridad.
El Gobierno indio los considera una amenaza para la seguridad interior.
¿Qué hace India con los detenidos?
La legislación antiterrorista india, especialmente la Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), permite investigar y detener a personas sospechosas de participar en actividades terroristas o insurgentes.
Una reforma aprobada en 2008 amplió considerablemente los plazos de investigación y detención.
En el contexto descrito por National Geographic en 2013:
Los sospechosos podían permanecer detenidos hasta 180 días sin que se presentaran cargos.
Hasta 30 días de ese periodo podían transcurrir bajo custodia policial.
El sistema permitía prolongar considerablemente la investigación antes de que se formulara una acusación formal.
Estas medidas suscitaron críticas de organizaciones de derechos humanos, que advertían del riesgo de utilizar la legislación antiterrorista contra personas cuya participación en actividades armadas no estaba demostrada.
El problema de los supuestos colaboradores
Una de las cuestiones más delicadas del conflicto indio es determinar quién es realmente un combatiente maoísta y quién es un civil acusado de colaborar con ellos.
En las regiones donde opera la insurgencia, las comunidades indígenas y campesinas pueden verse atrapadas entre dos fuerzas: los guerrilleros maoístas y las fuerzas de seguridad del Estado.
Human Rights Watch documentó situaciones en las que habitantes de aldeas fueron detenidos bajo sospecha de colaborar con los insurgentes, así como denuncias de malos tratos y torturas.
Un ejemplo especialmente significativo es el caso de Arun Ferreira, activista acusado de simpatizar con los naxalitas.
Fue detenido en 2007, absuelto en uno de los procedimientos en 2009 y, tras recuperar la libertad en septiembre de 2011, volvió a ser detenido por otros cargos. Su caso fue recogido en los informes de derechos humanos sobre India.
Chhattisgarh: cuando la sospecha de colaboración puede convertirse en delito
El estado de Chhattisgarh constituye uno de los escenarios más representativos del conflicto.
En 2005 se aprobó la Chhattisgarh Special Public Security Act, una ley que permite perseguir determinadas actividades consideradas ilegales y que contempla penas de prisión de hasta tres años.
Human Rights Watch criticó la amplitud de algunas de sus definiciones, porque podían facilitar la persecución de personas acusadas de apoyar a los maoístas, incluso sin que existieran pruebas de participación directa en acciones armadas.
La organización también investigó la actuación de Salwa Judum, un movimiento de oposición a los naxalitas que contó con el apoyo de las autoridades regionales y de las fuerzas de seguridad.
En su informe de 2008, Being Neutral is Our Biggest Crime, documentó:
Desplazamientos forzosos de población.
Detenciones arbitrarias de habitantes de aldeas.
Agresiones y torturas denunciadas contra civiles.
Quemas de viviendas y destrucción de poblados.
Presiones sobre periodistas, abogados y activistas acusados de simpatizar con los maoístas.
También documentó graves abusos cometidos por los propios naxalitas contra civiles, incluidos asesinatos, amenazas, extorsiones y secuestros.
La población quedaba así atrapada entre los abusos de ambos bandos.
La característica principal del modelo indio: la utilización de legislación antiterrorista y de seguridad interior contra una insurgencia política armada, con el problema añadido de distinguir entre combatientes, colaboradores y población civil.
Comparación ampliada: ocho países
Con Rusia e India, el reportaje queda estructurado en ocho casos:
País | Principal mecanismo de actuación |
|---|---|
China | Detención prolongada e incomunicación |
Israel | Detención administrativa sin condena |
Estados Unidos | Justicia civil y detención militar |
Arabia Saudí | Detención preventiva y rehabilitación |
Gran Bretaña | Detención policial ampliada |
España | Detención incomunicada y justicia especializada |
Federación Rusa | Detención antiterrorista y operaciones de seguridad |
India | Legislación antiterrorista frente a insurgencia maoísta |
Una reflexión que merece incorporarse al reportaje
Hay una cuestión que atraviesa los ocho países y que merece especial atención: la diferencia entre combatir a una organización armada y perseguir a las personas que viven en los territorios donde esa organización actúa.
En Rusia, el problema aparece especialmente en el Cáucaso Norte; en India, en las zonas rurales habitadas por comunidades indígenas donde opera la insurgencia maoísta.
En ambos escenarios, las autoridades han defendido sus operaciones como medidas necesarias para garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han denunciado que la aplicación de las leyes antiterroristas puede terminar afectando a civiles, activistas, abogados y periodistas.
La pregunta que debería cerrar el reportaje es:
¿En qué momento la lucha contra el terrorismo deja de perseguir a quienes cometen actos violentos y empieza a perseguir también a quienes viven, piensan o trabajan en los territorios donde esos grupos tienen presencia?
Documentación original para profundizar
Te dejo tres documentos especialmente valiosos:
1. National Geographic – How the World Treats Terrorist Suspects (2013). Es la referencia central. Una corrección respecto a mi respuesta anterior: Rusia e India sí estaban entre los seis países originales del artículo, junto con Israel, Gran Bretaña, Arabia Saudí y China. Estados Unidos aparecía en la introducción.
2. Human Rights Watch – Being Neutral is Our Biggest Crime (2008). Investigación sobre la población civil, los naxalitas y las fuerzas de seguridad en Chhattisgarh.
3. Amnistía Internacional – Rusia: Confronting the Circle of Injustice (2013). Investigación sobre detenciones, torturas y presiones contra abogados en el Cáucaso Norte.
