En 1518, hace ahora 500 años, tuvo lugar el juramento de Carlos I como rey de Castilla y León en las Cortes celebradas en el Colegio de San Gregorio de Valladolid.
Finalizada la ceremonia, los procuradores dirigieron al nuevo monarca una lista de 88 peticiones, entre las que se contaba la negativa de los Concejos de las ciudades de contribuir economicamente al soborno de los Príncipes Electores del Sacro Imperio Germánico, así como la rotunda negativa de que Carlos I sacara monedas de oro u plata, así como caballos, para proyectos que no tuvieran nada que ver con el desarrollo económico y militar de Castilla León.
El monarca había llegado a su coronación en Valladolid sin saber hablar una palabra de español. Traía consigo un gran número declerigos y nobles flamencos que causaron inquietud primero y resquemor después cuando el monarca de la casa de Austria les repartió los principales títulos y cargos en la Administración y el Ejército.
Todos estos encontronazos desembocaron en la revuelta burguesa de los comuneros, dirigida por los hidalgos Padilla, Bravo y Maldonado, que intentaron proponer a Juana I, una reina incapacitada psiquiatricamente y apartada del trono por la Concordia de Villafáfila, restaurar sus derechos al trono. Ella, consciente de sus limitaciones, se negó a prestarse a ello.
En Segovia los comuneros ajusticiaron a dos funcionarios reales. El asunto pasó de ser una protesta por la presión fiscal en Castilla a una revolución dirigida por los hidalgos empobrecidos y los Concejos de las ciudades en toda regla. También hubo algaradas en Murcia. No obstante, los hidalgos gallegos, vascos y andaluces pasaron por el aro fiscal.
Las rencillas internas entre los dirigentes de la revuelta se escucharon en 1521, especialmente en Burgos, que rompio todos sus lazos con los rebeldes. Ese mismo año las tropas de la Corona se enfrentan a las de los rebeldes en Villalar de los Comuneros. Tras la derrota, los líderes Padilla Bravo y Maldonado son ejecutados por decapitación.
El 1 de noviembre, Carlos I promulgó el Perdón General, una annistía para los que habían participado o sufragado la revuelta. Pese a todo, un centenar de comuneros fueron ejecutados, entre ellos, el arzobispo Acuña, que controló la ciudad revelede de Toledo junto con María Pacheco, esposa de Padilla, quien pasó en Portugal el resto de su vida, empobrecida, abandonada por su linaje y con la cabeza puesta a precio.
Las indennizaciones por los destrozos causados por la revuelt desbarataron la industria de la lana y la feria de Medina del Campo, una de las más rentables para los burqueses castellanos. En la Transición, se comenzó a conmemorar el 23 de Abril la derrota de Villalar, un día que poco después pasó a ser el día de la Comunidad de Castilla y León.
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