El caso Diwaniya. Crímenes de guerra por parte de legionarios españoles en una misión de la OTAN (2004).

 El llamado “caso Diwaniya” se refiere a unos vídeos grabados en 2004 en la base española de Diwaniya, en Irak, donde se veía a varios militares españoles —miembros de la Legión integrados en la misión multinacional bajo mando de la coalición en Irak, vinculada políticamente a la OTAN aunque la operación concreta no era una misión OTAN clásica— golpeando y humillando a dos detenidos iraquíes durante un interrogatorio o custodia. Las imágenes mostraban patadas y agresiones mientras los presos estaban reducidos en el suelo.

El vídeo salió publicado por el diario EL PAÍS en marzo de 2013, casi diez años después de los hechos. Según las investigaciones periodísticas y judiciales, las grabaciones habían permanecido guardadas en círculos militares y no habían llegado antes a la prensa ni a los tribunales. El material fue grabado por uno de los propios militares presentes.

Sobre por qué tardó tanto en salir a la luz, nunca hubo una única explicación oficial cerrada, pero sí varios factores que aparecen repetidamente en las investigaciones y análisis:

• En 2004 el contingente español abandonó Irak poco después de los hechos, tras la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero y la retirada ordenada por el nuevo Gobierno. Eso contribuyó a que muchos episodios de la misión quedaran poco investigados públicamente.
• El vídeo aparentemente circuló de manera privada entre militares antes de llegar a periodistas años más tarde. No hubo una denuncia inmediata formal dentro de la cadena de mando que prosperara.
• La justicia militar española no abrió diligencias hasta después de la publicación periodística de 2013. Es decir, institucionalmente el caso no empezó a moverse hasta que existió presión mediática.
• Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron después posibles irregularidades y falta de profundidad en la investigación, incluyendo problemas con testigos y dificultades para identificar plenamente a responsables y víctimas iraquíes.

Las consecuencias judiciales fueron limitadas y bastante polémicas.

En 2014 un juzgado militar procesó a cinco militares por presuntas torturas y violación de las leyes de guerra. Entre los implicados había un capitán, varios cabos y guardias civiles que entonces pertenecían a la Legión. Se enfrentaban teóricamente a penas de entre 10 y 25 años según el Código Penal Militar.

Sin embargo, pocos meses después, el Tribunal Militar Central archivó el caso y dejó sin efecto el procesamiento. La argumentación jurídica fue muy discutida: el tribunal consideró que no estaba suficientemente acreditado que los detenidos estuvieran protegidos por las Convenciones de Ginebra en el contexto concreto del conflicto, además de señalar problemas probatorios y contradicciones.

Eso provocó críticas muy fuertes de asociaciones de derechos humanos y de parte de la opinión pública, porque las imágenes parecían bastante explícitas.

En términos prácticos:

• no hubo condenas penales firmes,
• el caso terminó archivado,
• y tampoco hubo una gran depuración pública de responsabilidades políticas o de mando.

El episodio quedó además muy asociado en España al clima internacional posterior al escándalo de Abu Ghraib prisoner abuse scandal, porque ocurrió en el mismo periodo y reforzó el debate sobre abusos a detenidos durante la guerra de Irak. Aunque el caso español tuvo mucha menor dimensión, impactó bastante porque hasta entonces el Ejército español mantenía una imagen pública relativamente alejada de ese tipo de escándalos internacionales.

O sea que si eres militar español puedes hacer lo que quieras con los prisioneros a tu cargo.

No. Legalmente, los militares españoles están sometidos tanto al Código Penal Militar como al derecho internacional humanitario, incluidas las Convenciones de Ginebra. Torturar, golpear o humillar a detenidos es ilegal aunque estén en guerra o bajo interrogatorio.

Lo que hizo polémico el caso de Diwaniya es precisamente la sensación de que hubo una gran distancia entre lo que mostraban las imágenes y el resultado judicial final. Mucha gente —juristas, periodistas y organizaciones de derechos humanos— interpretó el archivo del caso como un ejemplo de dificultades para exigir responsabilidades dentro de la jurisdicción militar.

Pero eso no significa que “puedan hacer lo que quieran”. Significa más bien que:

• probar judicialmente abusos en zonas de guerra es complicado,
• la cadena de mando y la jurisdicción militar suelen ser muy cerradas,
• y a veces hay problemas políticos, corporativos o probatorios que terminan debilitando los procesos.

De hecho, en otros países sí ha habido condenas a militares por abusos a prisioneros. El ejemplo más conocido es el de Abu Ghraib prisoner abuse scandal en Estados Unidos, donde varios soldados fueron encarcelados. También España ha condenado en otros contextos a miembros de fuerzas de seguridad por torturas o malos tratos, aunque no sea frecuente en operaciones exteriores.

En el caso concreto de Diwaniya, el archivo no equivalió a declarar que los hechos estuvieran bien, sino a que el tribunal consideró que no podía sostener penalmente las acusaciones con las pruebas y la tipificación disponibles. Ahí está el núcleo de la controversia: mucha gente vio los vídeos y concluyó que debía haber consecuencias más claras.