En los últimos días ha saltado a la opinión pública un conflicto alrededor de los udalekus organizados por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea en Bernedo (Álava). Varias familias han contado que, durante la edición de agosto, adolescentes —principalmente de entre 13 y 15 años— relataron por carta a sus padres prácticas que les resultaron incómodas o traumáticas: duchas mixtas en las que, según esas denuncias, se exigía desnudarse delante de otros menores y, en algunos testimonios publicados, presencia de monitores y monitoras con actitud parcamente vestida o desnuda en espacios comunes. Estas declaraciones llevaron a que la Ertzaintza abriese diligencias y a que el caso llegara al Juzgado de Instrucción nº 3 de Vitoria, que ha citado a declarar a menores que aparecen como posibles víctimas mientras la investigación judicial sigue abierta. El País
Desde el primer momento la noticia ha generado una fuerte polarización. Por un lado están las familias que han denunciado lo sucedido y piden que se esclarezcan los hechos y que se proteja a las menores; algunas de esas familias hablan de experiencias que califican de “traumáticas” y exigen responsabilidades penales y administrativas si se confirman las conductas relatadas. La difusión de cartas de participantes y declaraciones de progenitores ha alimentado asimismo una reacción institucional y política: la Ertzaintza remitió un atestado tras recabar testimonios, y diversos medios y partidos han exigido explicaciones sobre por qué el asunto no fue frenado antes. Cadena SER
Frente a ello, los monitores y el propio colectivo organizador han respondido con una narrativa muy distinta. En comunicados públicos los educadores niegan haber obligado a nadie a desnudarse y rechazan las versiones que describen conductas explícitas o coacciones; defienden su proyecto como un espacio autogestionado, centrado en el euskera, el feminismo y la visibilización de la diversidad, y sostienen que algunas críticas responden a “magnificación”, ataques transfóbicos o una lectura errónea de prácticas pedagógicas sobre corporalidad y convivencia. Muchos de los monitores insisten en que su enfoque busca normalizar el cuerpo y combatir estigmas, no poner en riesgo a menores, y reclaman que no se criminalice su trabajo sin pruebas. Orain
Además de las familias denunciantes y de los educadores, ha habido un tercer bloque constituido por decenas de familias que han salido en defensa del modelo del udaleku. En cartas públicas y comunicados —firmadas por grupos que en distintas noticias aparecen con cifras que oscilan (por ejemplo, entre 137 y casi 186 firmantes según distintos medios)— esos progenitores valoran positivamente la experiencia que vivieron sus hijos, subrayan el componente educativo en torno al euskera y el feminismo, y denuncian lo que consideran una “criminalización” mediática y en redes sociales de los organizadores y monitores. Para ellos, el campamento es un espacio formativo que promueve la autonomía y la inclusión, y no reconocen las acusaciones en los términos en que se han difundido. Cadena SER
En el debate público han aflorado también otras cuestiones menos evidentes en un primer vistazo: la responsabilidad administrativa (la Diputación de Álava ha señalado que no conocía la actividad como subvencionada ni registrada, lo que ha abierto dudas sobre inspecciones y controles previos), la coordinación entre cuerpos policiales, Fiscalía y juzgados (se han publicado reproches sobre retrasos o fallos de comunicación que habrían contribuido a que la investigación no frenara convocatorias posteriores), y la manera en que los medios y las redes amplifican versiones que a veces circulan sin verificación completa. Todo eso ha convertido lo que podría haber sido una controversia local en un asunto nacional de discusión sobre límites educativos, protección de menores y libertad pedagógica. Cadena SER
Es importante subrayar dos cosas al respecto: primero, la investigación judicial está en curso, con diligencias abiertas y declaraciones pendientes; por tanto no hay —ni deben divulgarse— conclusiones judiciales definitivas sobre responsabilidad penal. Segundo, la información disponible combina testimonios directos, cartas de participantes, comunicados del colectivo organizador y cobertura mediática que no siempre coincide en los detalles; por eso conviene leer la evolución del caso con cautela y priorizar las fuentes judiciales y policiales conforme vayan avanzando las actuaciones. El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario